En seguimiento al caso de Luis David Camacho Pérez, de 29 años, abatido durante un operativo de la Dirección Central de Investigación en Ensanche Emmanuel, sus restos fueron sepultados este lunes en medio del dolor familiar y fuertes exigencias de justicia.
El sepelio se realizó en el cementerio municipal de El Ingenio en un ambiente marcado por el llanto, la tensión y la presencia de un amplio contingente policial, mientras allegados y familiares no cesaban en sus reclamos contra los agentes involucrados en el operativo.
Nuevos testimonios aportados durante el acto fúnebre señalan que en la fiesta de cumpleaños donde ocurrió el hecho se encontraban incluso varios niños al momento en que los agentes irrumpieron en el lugar la noche del sábado.
Familiares del joven indicaron que Luis David recibió al menos seis impactos de bala, cifra que ha generado cuestionamientos sobre un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes actuantes durante el operativo.
Joary Hernández, tía del fallecido, señaló directamente al agente identificado como Uriel Aquino, quien ya había sido mencionado por la abuela de la víctima en declaraciones previas como alguien que amenazaba al joven.
“Nos dijo que compráramos la caja para cuando lo matara. Estábamos compartiendo tranquilamente, había niños, esto fue una locura”, denunció Hernández durante el sepelio ante familiares y allegados presentes.
Por su parte, Kilvio Antonio Camacho, tío de la víctima, calificó el hecho como una “muerte traicionada” y aseguró que la familia llevará el caso hasta las últimas consecuencias legales posibles.
Angelina Pérez, también familiar del joven, insistió en que el principal interés de los allegados es que se realice una investigación transparente y que se sancione a los responsables de lo ocurrido aquella madrugada.
José Ramón Camacho, hermano del fallecido, lamentó visiblemente afectado que Luis David dejó una mujer embarazada, añadiendo que el hecho ocurrió ante numerosos testigos, lo que refuerza, a su juicio, la necesidad de esclarecer lo sucedido.
El caso ha reavivado el debate sobre la actuación de los cuerpos policiales en operativos realizados en zonas residenciales, mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación formal para determinar responsabilidades.
