Autoridades investigan a un comerciante de la comunidad de Rincón, tras registrarse cinco denuncias relacionadas con presuntos hechos contra menores, mientras continúa el proceso judicial y análisis de evidencias.
Un comerciante propietario del colmado “Lorenzo”, ubicado en la comunidad de Rincón, provincia La Vega, enfrenta una investigación judicial por presuntos hechos inapropiados denunciados por familiares de varios menores.
El proceso comenzó luego de que las autoridades recibieran tres denuncias iniciales vinculadas al caso.
Con el avance de las pesquisas surgieron dos reportes adicionales, elevando a cinco el número total de menores involucrados.
De acuerdo con la información disponible, el mayor de los niños identificados en el expediente tiene 11 años.
Las autoridades mantienen la investigación abierta mientras continúan revisando pruebas y testimonios.
El caso se fortaleció tras un allanamiento realizado por la Subdirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) en coordinación con el Ministerio Público, durante el cual fue incautado el teléfono móvil del sospechoso.
Ese dispositivo es considerado una pieza importante dentro del expediente, ya que podría contener información relevante para esclarecer los hechos denunciados en el proceso judicial.
Según el representante legal de los menores, en el teléfono habrían sido localizados registros que podrían documentar comportamientos inapropiados, aunque estos elementos aún deben ser evaluados mediante análisis periciales especializados.
Las autoridades indicaron que este tipo de evidencias digitales requiere revisiones técnicas detalladas antes de ser incorporadas formalmente al expediente judicial que se desarrolla en la jurisdicción correspondiente.
Como parte de la investigación, se realizaron entrevistas anticipadas a los menores en una Cámara Gesell, un espacio diseñado para tomar testimonios en condiciones que protegen el bienestar emocional de niños y adolescentes.
En esas sesiones participaron psicólogos especializados, fiscales y personal judicial. El objetivo fue recoger las declaraciones de los menores sin generar situaciones que puedan afectar su estabilidad emocional.
Durante esas entrevistas, algunos de los niños habrían mencionado la existencia de otros posibles casos, lo que permitió identificar las dos denuncias adicionales integradas posteriormente al expediente.
El anticipo de prueba es una herramienta legal que permite preservar estos testimonios para las etapas posteriores del proceso judicial, evitando que los menores deban repetir sus declaraciones múltiples veces.
En la audiencia de medidas de coerción, el Ministerio Público solicitó inicialmente tres meses de prisión preventiva contra el imputado mientras continuaban las investigaciones correspondientes.
Sin embargo, la representación legal de los menores solicitó que el caso fuera declarado de tramitación compleja, citando los artículos 376 y 377 del Código Procesal Penal dominicano.
El tribunal acogió la solicitud y dispuso una medida de prisión preventiva “18 meses de prisión preventiva“, el plazo máximo contemplado para procesos clasificados como complejos dentro del sistema judicial dominicano.
Actualmente el expediente permanece bajo investigación activa del Ministerio Público, que continúa revisando pruebas materiales, testimonios y evidencias digitales recopiladas durante el proceso.
