En seguimiento al caso de Jennifer Altagracia Rodríguez de González, un juez de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Jhonatan Paulino, señalado como implicado en su muerte.
La decisión fue emitida por el juez Job García Hurtado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, quien acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público.
El tribunal determinó que existen suficientes indicios comprometedores que vinculan a Paulino con el crimen, razón por la cual ordenó su envío a prisión como garantía de que el proceso judicial continúe sin obstáculos.
El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones en torno al caso.
Según los organismos investigativos, Jhonattan Paulino Rodríguez es señalado como el presunto cabecilla de una banda dedicada a asaltar personas portadoras de cadenas de oro en distintos puntos de la ciudad de Santiago.
Esta modalidad delictiva ha generado creciente preocupación entre la población santiaguera en los últimos tiempos, según indicaron las autoridades al ofrecer detalles sobre el perfil del imputado.
Cabe recordar que Jennifer, de 36 años y madre de tres hijos, recibió un impacto de bala en la cabeza durante un asalto en la Plaza Hermanos Gómez Díaz, en la avenida Hispanoamericana de Santiago.
La joven había llegado al país desde Estados Unidos apenas una semana antes del incidente, junto a su familia, y residía originalmente en el sector Camboya, en Mari López, Santiago.
Las autoridades no han ofrecido hasta el momento detalles precisos sobre las circunstancias exactas del suceso, alegando que las pesquisas continúan en curso para identificar a otros posibles implicados.
Cabe recordar que durante el hecho permanece prófugo un tercer participante identificado como “Johan”, quien escapó a bordo de una jeepeta CRV gris y continúa siendo buscado activamente por las autoridades.
Los familiares de la víctima expresaron su profundo dolor por la tragedia y exigieron que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables, al considerar que el hecho no puede quedar impune.
El caso, ocurrido el 16 de noviembre de 2025, reavivó el debate sobre la violencia criminal y los asaltos armados en Santiago, especialmente en espacios comerciales frecuentados por ciudadanos.
